Una universidad integradora y comprometida
La universidad es, y ha sido a lo largo de la historia, un agente fundamental en el desarrollo y el progreso social, por lo que está obligada a implicarse de forma activa en todas las acciones que supongan una mejora sustancial del ser humano y de la sociedad. Naciones Unidas definió en 2015 los objetivos de desarrollo sostenible en la denominada Agenda 2030. Esta agenda se concreta en diecisiete objetivos de compromiso social y con el entorno; la universidad, como institución, no puede mantenerse ajena a ellos y debe comprometerse en la consecución de estos objetivos mediante el desarrollo de políticas que, en la medida de sus posibilidades, contribuyan a las que realiza el conjunto de la sociedad. La agenda 2030 contempla entre otros objetivos: el fin de la pobreza y del hambre en el mundo, lograr una sociedad saludable, un trabajo digno para todos, la desaparición de las desigualdades, y especialmente las de género, el desarrollo de políticas medioambientales eficaces y la lucha contra el cambio climático y una educación de calidad e inclusiva.
Es evidente que la universidad, puede, y debe tener, un papel protagonista en todos estos objetivos. El compromiso con la defensa del medio ambiente y el desarrollo de políticas protectoras, combatir el cambio climático o la gestión sostenible del empleo del agua son acciones que deben contemplarse en las políticas de responsabilidad universitaria. La lucha contra todos los tipos de desigualdad, especialmente la de género, las políticas de inclusión y el rechazo de todas las formas de acoso (sexual o laboral), no solo son una obligación normativa, sino que son, sobre todo, una obligación moral. Por otra parte, la universidad también puede, y debe, contribuir de forma decisiva en otros objetivos, como la reducción de la pobreza o del hambre, mediante la incentivación de las actuaciones de cooperación y voluntariado. La educación forma parte de la propia esencia de la universidad, por lo que la mejora de su calidad, buscando la excelencia, y adoptando las medidas necesarias para ponerla a disposición de toda la sociedad, constituyen parte esencial de nuestro cometido; en este contexto la formación y empleabilidad de nuestros egresados es ya, en este momento, una auténtica prioridad. Por último, la universidad puede y debe convertirse en un agente impulsor de la salud y de la adopción de formas de vida saludables, tanto dentro de la propia institución (una universidad saludable) como favoreciendo las acciones que faciliten la mejora de la salud de los ciudadanos. La Universidad de Alcalá, que ha sido pionera en muchas de estas medidas, debe mantener y potenciar este conjunto de medidas de políticas de responsabilidad social, implicándose al máximo en los objetivos de sostenibilidad de la Agenda 2030.
El impulso de los valores éticos y de la transparencia debe ser también un objetivo prioritario dentro de las políticas sociales de la universidad. La transparencia en todos los mecanismos y procedimientos del funcionamiento institucional, y las acciones para mejorarla, la promoción de los valores éticos y la formación de los estudiantes en este entorno, o la promoción de las actividades de voluntariado y de cooperación al desarrollo, deben ser también sellos de distinción de la institución universitaria. En este aspecto, es fundamental garantizar el máximo respeto y el cumplimiento riguroso de todas las normativas que afectan individualmente a las personas, como las mencionadas anteriormente y referidas a todas las formas de acoso, a la igualdad o las relacionadas con la protección de los datos personales.
La Universidad de Alcalá se encuentra firmemente arraigada en el entorno social que le rodea y mantiene relaciones con todas las instituciones que ocupan el área geográfica del corredor del Henares. Es imprescindible que nuestra universidad tenga una relación estrecha, fluida y de continua colaboración con la ciudad de Alcalá de Henares; los lazos históricos que unen universidad y ciudad hacen que sea difícil concebir una sin la otra: Alcalá de Henares es una ciudad universitaria y la Universidad de Alcalá no se entendería sin su compromiso con la ciudad. Nuestra universidad goza de la particularidad de ser la única universidad presencial de nuestro país que posee campus en dos comunidades autónomas; por ello la relación que la UAH mantiene con la ciudad de Guadalajara y con su provincia es clave para los ciudadanos de la región; al fin y al cabo, la UAH es “su universidad”. De la misma forma, la UAH debe esforzarse en estrechar la relación con todos los municipios de su zona de influencia, los ubicados en el corredor del Henares. Las relaciones con la Comunidad de Madrid y con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con sus Consejerías de Educación y también de Sanidad, son fundamentales tanto desde el punto de vista de nuestro funcionamiento como institución, como del de la financiación pública. Otras instituciones, como el Ministerio de Defensa o el Ministerio del Interior, a través de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía, se encuentran directamente relacionadas con las actividades propias de la UAH, por lo que mantener y potenciar estas relaciones institucionales es también esencial para los fines de la Universidad de Alcalá.
La UAH es una institución pública, y como tal ha de ser gestionada de una forma eficiente y responsable, por lo que se debe realizar una meditada planificación estratégica para la toma de decisiones que afectan al gasto o a la ejecución presupuestaria, así como impulsar sistemas de gestión más eficientes. Por otra parte, como toda institución pública, la universidad tiene la responsabilidad de ejecutar los presupuestos con absoluta transparencia y de rendir cuentas ante la sociedad. Por último, no es solamente una necesidad de la institución, sino también una obligación de sus responsables, obtener las mejores condiciones de financiación por parte de las entidades públicas, así como incrementar la captación de recursos mediante medidas y políticas específicas.
Realizar una meditada planificación estratégica para la toma de decisiones que afectan al gasto o a la ejecución presupuestaria