La inversión en educación superior genera una elevada rentabilidad tanto pública como privada. Desde el punto de vista privado, el graduado universitario tiene unas mejores perspectivas tanto de obtener empleo como de alcanzar una mayor remuneración a lo largo de su vida. Desde el punto de vista social, el universitario no sólo es un trabajador más productivo, sino que tiende a hacer más productivos a quienes le rodean. Añádase a esta rentabilidad económica los beneficios asociados a una vida más plena y una sociedad mejor formada. Un primer objetivo social debería ser, por tanto, impedir que por dificultades económicas personas con talento no puedan cursar estudios universitarios. La forma más elemental de conseguirlo es hacer gratuito el acceso a una universidad pública de calidad y, en caso necesario, proporcionar una beca-salario. Esto es indudablemente costoso en el corto plazo, pero, probablemente no en el largo plazo. ¿Es justo? El graduado universitario ha adquirido un capital humano cuya rentabilidad va a disfrutar a lo largo de su vida: ¿debería devolver el coste de su paso por la universidad una vez encontrado trabajo, con unas condiciones asumibles y, por ejemplo, sin intereses? A favor de esta postura podría argumentarse que, de esta forma, un parte de los costes se cubren y ello facilitaría la financiación de la universidad. En contra, que en un sistema fiscal realmente progresivo, los graduados universitarios ya pagarán a través de mayores impuestos parte de los beneficios que los estudios les proporcionaron. En cualquier caso, una universidad pública de calidad y gratuita parece un buen punto de partida para garantizar la elevada rentabilidad social que proporciona la inversión en educación.

Diego Azqueta Oyarzun
Catedrático de Universidad
Departamento de Economía